Las características actuales de Internet, en particular la gran libertad de expresión que existe de facto y las grandes dificultades para regular la distribución de los contenidos, son motivo de gran preocupación en muchos sectores sociales por la influencia que puede ejercer sobre los menores que se adentran en esas aguas tan procelosas.
La propensión de todos los medios de comunicación hacia las informaciones sensacionalistas no hacen más que acrecentar esa preocupación. Internet parece ser un entorno en el que proliferan individuos astutos capaces de las tropelías más sofisticadas y de las trampas más insospechadas, se les llame hackers, piratas o como sea; un entorno con abundantes zonas oscuras en las que acecha el robo de información, el fraude, la pornografía, etc. La mediación tecnológica de todos estos peligros no hace más que incrementar el miedo y la sensación de indefensión y debilidad. Y en ese ambiente, los niños, por definición, son los habitantes más desprotegidos, más vulnerables. En esta imagen hay mucho de ficción y mucho, también, de verdad. Frente al sensacionalismo y la exageración no se puede frivolizar y banalizar la realidad.
Más allá, no obstante, de las diversas apreciaciones que podamos tener unos y otros acerca de los peligros que acechan en Internet, todas las sociedades democráticas han colocado entre sus valores más destacados la protección de la infancia. Para ello hemos llegado a traspasar las sacrosantas paredes del hogar familiar y a imponer, incluso contra los propios padres, los derechos de los niños y de las niñas. A muchas libertades fundamentales les hemos puesto como uno de sus límites la protección de los menores. Hemos abolido el trabajo infantil y nos hemos obligado a educar escolarmente a todos nuestros hijos. La dignidad humana, el primer valor de nuestras sociedades occidentales, la queremos sin excepción también para los niños y las niñas.
Todo esto supone que es un deber social proteger a la infancia contra una serie de peligros y de amenazas para su crecimiento y desarrollo como personas en sociedad. Este deber alcanza a todos: a los padres y madres, a los docentes, a los vendedores, a los industriales... y al estado. Este, como instrumento al servicio de la sociedad, tiene un interés preeminente en garantizar la protección de los menores.
Este interés ha llevado a los gobiernos democráticos a buscar formas de proteger a la infancia en Internet. Se han aprobado leyes para regular el acceso de los menores a contenidos considerados inadecuados, así como para garantizar su propia privacidad y la de sus familiares. Algunas de estas leyes han ido demasiado lejos y han sido, incluso, revocadas por el poder judicial. Se han desarrollado, también, tecnologías orientadas a filtrar aquellos contenidos considerados perjudiciales para los menores. Buena parte de estas tecnologías han atraído las críticas de los sectores que militan en defensa de las libertades y los derechos civiles. La Unión Europea viene desarrollando un plan de acción para una Internet segura para la infancia.
